Regularse permite seguir la normatividad, ser legal. Esto implica no solamente una serie de deberes y responsabilidades, sino de beneficios y ventajas competitivas. La normatividad empresarial es una elección cuyo resultado lleva a crecer, a poder pensarse con los pies en la tierra y a proyectarse hacia otras latitudes.

Las empresas, tras optar por acogerse a las diferentes normatividades que las involucran, tienen la oportunidad de organizarse y evolucionar, al tiempo que se evitan sanciones. Además, esto podría significar muchas cosas a favor, como la tranquilidad del buen funcionamiento o las capacitaciones y asesorías por parte de los entes gubernamentales o de instituciones privadas como las cámaras de comercio, las cuales se dedican a ofrecer los servicios de registro y trámites administrativos de los diferentes emprendimientos comerciales.

Las normas no pueden ser vistas como una espada de Damocles, expresión utilizada para referirse a un peligro inminente, aludiendo a una espada que pende sobre nuestra cabeza y que en cualquier momento caerán sobre nosotros. Al contrario, pueden ser ese escudo protector que nos respaldaría ante diferentes situaciones del mundo empresarial, como la prevención de los problemas de funcionamiento, por ejemplo.

Aplicar la normatividad vigente de forma correcta puede parecer avasallador al principio, pero se convierte en una de las mejores herramientas para enfrentar el futuro de la empresa y lograr su sostenibilidad. Acogerse a regulaciones como las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus estándares internacionales de contabilidad, al habeas data y el correcto manejo de los datos, y al Sarlaft (norma que evita posibles riesgos ante el lavado de activos y de la financiación del terrorismo) brinda a las mipymes la posibilidad de mirar hacia afuera.

De la misma forma, es vital implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, tema que se ha transformado sustancialmente en los últimos años, pasando de ser la exigencia y el cumplimiento de actividades independientes, a la implementación de dichas actividades relacionadas. Esto, en el marco de un sistema de gestión, cuyos cambios les permiten a las empresas trabajar de forma más organizada desde la planificación de la salud y la seguridad, acercándolas a los mecanismos de prevención.

La regulación no puede ser estática

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son un componente fundamental del tejido empresarial en Latinoamérica, razón de más para darles todas las facilidades y opciones a la hora de querer regularse. Esta importancia se manifiesta en varias dimensiones, como su participación en el número total de empresas o la creación de empleo. Ello se contrapone a una participación al producto interno bruto (PIB) regional de tan solo el 25%, situación que contrasta con la de los países de la Unión Europea (UE) donde las mipymes alcanzan, en promedio, el 56%, según un informe del 2018 de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, Cepal. Si el trabajo está en esta modalidad de empresas, además de regularlo, hay que acompañarlo desde los entes encargados para hacerlo más sostenible en el tiempo.

Para poder regular a las empresas y mypymes, hay que estar a la vanguardia de sus necesidades y nuevas formas de trabajo, por lo que es necesario implementar esquemas legales laborales que interpreten adecuadamente las soluciones que el mercado está encontrando como la informalidad, el coworking o el home office.

Así, los generadores de empleo podrán encontrar en estas nuevas formas de trabajo la posibilidad de desarrollarse y potenciar sus negocios, desde la aplicación de las normas y el otorgamiento de garantías a sus trabajadores.

Depende de los entes reguladores quitarse esa imagen de simples fiscalizadores, enfocándose en una labor de acompañamiento y asesorías. Todo empresario estará dispuesto a escuchar, siempre y cuando la información se le sepa filtrar.

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