No hay excusas para la violencia

El maltrato contra la mujer no es un problema privado o doméstico, es un tema de salud pública.

El maltrato físico y psicológico contra la mujer no solo la afecta a ella, también a su familia y a la sociedad.

Una de cada tres mujeres en el mundo (35% de la población mundial) ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida, infligida –en la mayoría de los casos– por la pareja. De hecho, 38% de los asesinatos de mujeres son cometidos por su pareja. Estos datos no salen de un periódico sensacionalista, sino de la Organización Mundial de la Salud, son reales y obtenidos de estudios realizados en 80 países.

La violencia contra las mujeres sigue siendo un hecho palpable en el siglo XXI a pesar de los avances en el tema. Sus consecuencias en todos los ámbitos son tan grandes y a tan largo plazo, que ya ha dejado de ser un problema “privado” o “doméstico” para convertirse en un tema de salud pública.

Aunque los daños físicos, psíquicos y emocionales principales son para la mujer (lesiones físicas y mentales temporales o permanentes, depresión, estrés postraumático, comportamientos de alto riesgo), el impacto negativo recae sobre toda la familia, desde las aptitudes de padres y madres para la crianza de los hijos, hasta los logros educativos y laborales que ellos lleguen a tener en el futuro. Los estudios señalan que algunos niños de hogares donde existe violencia presentan tasas más altas de problemas de comportamiento y psíquicos que llevan a dificultades de aprendizaje, de sociabilización, de relacionamiento y los vuelve vulnerables a ser en el futuro maltratadores o maltratados.

Las causas de la violencia contra la mujer son variadas, van desde lo macro (la desigualdad de género, los sistemas de creencias religiosas o culturales, las normas sociales y políticas económicas o sociales que crean o mantienen la desigualdad en las relaciones de poder y las construcciones jerárquicas que le dan preeminencia a la masculinidad sobre la feminidad), la disparidad económica y un bajo grado de instrucción que generan dependencia económica, personalidades antisociales, el consumo de alcohol y sustancias.

La violencia doméstica es una violación de los derechos humanos. Es una práctica que vulnera el derecho a la vida, la libertad, la autonomía y la seguridad de la persona; el derecho a la igualdad y a la ausencia de discriminación; el derecho a no ser víctima de torturas ni de tratamientos o castigos crueles, degradantes o inhumanos; el derecho a la privacidad y el derecho a gozar del máximo estándar de salud que se pueda lograr. El daño causado por esta violencia puede durar toda la vida, afectar a varias generaciones y tener graves consecuencias sobre la salud, la educación, el empleo, el bienestar económico de la persona, la familia, la comunidad y la sociedad.

La actitud social frente al maltrato tiene mucho que ver con la continuidad de esta práctica. El hecho de que se considere un asunto “privado”, que se acepte la violencia, que se empleen términos como “ella se lo buscó” son factores que perpetúan estos comportamientos y aumentan la desprotección. La violencia no es aceptable en ningún ámbito y bajo ninguna circunstancia, es necesario ponerle límites, detenerla, denunciar y buscar ayuda.

Una relación que no funciona es una relación que necesita ayuda de un tercero y aceptarlo constituye uno de los primeros pasos para evitar un ambiente nocivo para la pareja y para los hijos. Pedir ayuda muchas veces no resulta fácil, por vergüenza del agresor y miedo de la agredida, pero es necesario y es el camino para acabar con actitudes dañinas y con consecuencias irreparables para la persona, la familia y la sociedad.

La violencia engendra violencia y nada la justifica. Promover el respeto, el diálogo y la resolución de los conflictos por medio de la palabra constituye una prioridad en una sociedad que puede alcanzar todo el desarrollo que desee, pero que requiere aprender a convivir.