¿Cómo funciona la ley de pago a plazos justos?

Esta ley, que entra en vigencia el 1 de enero de 2021, busca establecer medidas que protejan a las micro, pequeñas y medianas empresas en los pagos de sus operaciones mercantiles.

La ley de pago a plazos justos es una iniciativa cuyo objetivo es permitirles a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mantener un flujo de capital adecuado para que sostengan el empleo y enfrenten la crisis económica generada por el covid-19.

Tomás Merchán, analista de Asuntos Legales de SURA, explica en qué consiste y su impacto en los próximos años.

¿Cómo funciona?

El objeto principal de esta ley es, como su nombre lo indica, la obligación de pago en plazos justos para todos los comerciantes y personas naturales o jurídicas que ejerzan operaciones mercantiles. Si una empresa grande, el Estado (la ley aplica para contratos estatales) o cualquier otra entidad utiliza los bienes o servicios de una mipyme, tiene un plazo de 60 días calendario (desde el 2021), de acuerdo con la ley, para pagar por ellos. La norma rige a partir del 1 de enero de 2021 y, en el segundo año (2022), el plazo máximo de pago pasa a ser de 45 días calendario.

Se introduce, además, otra obligación para las operaciones mercantiles realizadas dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuyo plazo máximo será de 60 días calendario y rige desde el tercer año en que entra en vigencia la ley, es decir, 2023.

¿Qué se entiende por operación mercantil?

Son todas aquellas operaciones realizadas por un comerciante dentro de la participación activa en el mercado, ofreciendo bienes o servicios con el fin de obtener un lucro o beneficio económico. Esto incluye, según el artículo 20 del Código de Comercio, la adquisición de bienes para venderlos de igual forma, la compra para revender, el arrendamiento de toda clase de bienes, el subarriendo, las operaciones bancarias, el recibido de dinero (sea por garantía, préstamos o cuando una persona presta dinero y gana intereses en contraprestación) y todos los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil.

Algunas operaciones que se excluyen de la ley, son:

• Pagos efectuados en operaciones comerciales en que intervengan consumidores y estén sujetas a las normas de protección al consumidor.
• Deudas sometidas a trámites concursales o de reestructuración empresarial que se rigen por lo establecido en su legislación especial.
• Intereses relacionados con legislación de cheques, pagarés, letras de cambio y pagos de indemnizaciones por daños, incluidos los pagos por entidades aseguradoras, así como contratos de mutuo y otros típicos o atípicos donde los plazos sean propios de la esencia del contrato respectivo.

¿Cómo beneficia a las mipymes? 

Estos son los beneficios que se esperan a partir de la expedición de la norma:

• Un sello para reconocer las buenas prácticas: las empresas que apliquen de manera oportuna a la ley obtendrán un sello e integrarán un listado, creado por el Gobierno nacional, de compañías que cumplen con los tiempos de pago establecidos por la ley. Este reconocimiento será fundamental para las organizaciones al momento de tomar una decisión consciente respecto a con qué compañía contratar o no.
• Mantener el flujo de caja: si una empresa recibe sus pagos a tiempo por un producto o servicio que prestó, puede hacer una gestión idónea del dinero, mantener el empleo y tener mayor poder de decisión para invertir en su desarrollo.

Otros puntos a tener en cuenta

Es responsabilidad de la entidad que espera el pago realizar un proceso de facturación adecuado para cumplir los tiempos: si una factura está mal o no corresponde a la realidad, se interrumpe el cómputo del plazo hasta que se haga la corrección (incluyendo la facturación electrónica). Asimismo, se debe tener en cuenta que esta es una ley de carácter imperativo, así que no puede ser modificada por mutuo acuerdo entre las partes implicadas. Los actos o acuerdos que busquen impedir u obstruir la aplicación de la norma serán objeto de sanciones judiciales o administrativas.

En caso de incumplimiento del pago en el plazo establecido, el empresario afectado tiene derecho a reclamar una indemnización por los gastos en los que tuvo que incurrir a consecuencia de la mora. Para ello, puede acudir a un juez o centro de conciliación para que la otra parte cumpla con el pago.

En la siguiente infografía, te presentamos un resumen sobre esta ley y qué pasa en caso de incumplirla. Fecha de publicación: diciembre 15 de 2020.